El pasaporte COVID y su legalidad

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Para el análisis de este controvertido debemos abordar diferentes puntos:
Marcela Reigia Vales

El primero de ellos es la obligación de vacunación, hemos de matizar que la vacunación en España NO ES OBLIGATORIA, esto ya lo abordábamos en otro de nuestros artículos, existiendo, de momento, en nuestro país, decisión de libertad de vacunación para todos los ciudadanos españoles. Entendiendo nuestra normativa y consolidada jurisprudencia al respecto, que la vacunación obligatoria supone una vulneración al derecho de libertad personal, a la integridad física y a la intimidad personal, derechos todos ellos consagrados en la Constitución Española.

En segundo lugar, la legislación al respecto, sobre la necesidad de obtener o no el “PASAPORTE COVID” depende de cada Comunidad Autónoma.

Así, se ha ido aplicando en algunas regiones, como, por ejemplo: Navarra, Cataluña, Baleares, Valencia…, que a través de sus gobiernos autonómicos han acordado su imposición. No todas las Comunidades han acordado las mismas restricciones, en algunas se pide para el acceso al interior de locales de hostelería, otras para grandes eventos y/o aglomeraciones, e incluso algunas para los hospitales.

Aprobada la orden sanitaria, el gobierno de la Comunidad debe solicitar la ratificación judicial, por ser medidas restrictivas de derechos, al Tribunal Superior de Justicia que corresponda a la región en cuestión. Por ejemplo, en Andalucía, no se ha aprobado la solicitud por el Tribunal Superior de Justicia, y no ha podido ser impuesto a pesar de haberlo aprobado la cámara autonómica.

El pasaporte covid, se obtiene por: i) acreditación de vacunación; ii) prueba PCR o antígenos o iii) haber pasado la enfermedad en los últimos 180 días. Es decir, no sólo exige la vacunación, sino cualquiera de las opciones mencionadas.

Ahora bien, ¿ES CONSTITUCIONAL LA MEDIDA?, lo cierto es que jurídicamente y bajo una opinión meramente técnica, no lo es, precisamente por el simple hecho de que la vacunación no es obligatoria en España, por ello dicha falta de vacunación, no puede limitar nuestros movimientos, discriminar a unos ciudadanos de otros o afectar al ámbito tan personal como es la salud de las personas y los tratamientos que deciden aplicar éstas sobre su cuerpo.

A su vez, nos encontramos con 17 pasaportes covid según la comunidad, provocando ello también una desigualdad entre los ciudadanos de unas regiones y otras, mientras el Gobierno nacional, “se lava las manos” cediendo la competencia a las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de la discriminación directa y perjuicio económico a determinados sectores frente a otros.

La intromisión en la salud e intimidad de las personas, es clara y determinante, toda vez que existen otras enfermedades sumamente contagiosas con consecuencias en la salud gravísimas, y no se estila ir preguntando a nuestros compañeros de trabajo o familiares si se han vacunado o han tomado medidas al respecto de una u otra enfermedad.

Hoy en día, no parece previsible que se establezca una norma estatal sobre la vacunación, ni que se vaya a imponer la vacunación obligatoria (en su caso, habría que estudiar la legalidad de tal imposición), por lo que continuaremos con 17 situaciones diferentes según la región, lo que supone una clara aceptación de la limitación de derechos fundamentales y discriminación, por muy necesaria que consideremos la vacunación.

Quizás, tarde o temprano, se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto.

Marcela Reigia Vales/Abogado.

www.reigiavales.com