Nuevo protocolo de actuación ante la ocupación ilegal de viviendas en Alcobendas

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El protocolo define la ocupación de inmuebles como un acto ilegal que convierte a los legítimos propietarios y sus familiares en víctimas, y que, además, puede generar problemas adicionales como el deterioro de la convivencia del vecindario, quejas relativas a suciedad o ruidos y la percepción de inseguridad en la zona.

El nuevo mecanismo de actuación ante las ocupaciones ilegales ya está en vigor después de ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, formada por PSOE y Ciudadanos, esta misma semana. Desde las fuentes municipales recalcan que la redacción definitiva ha sido fruto de las aportaciones consensuadas de todos los grupos políticos, del área jurídica del Ayuntamiento, de Servicios Sociales y de los cuerpos de seguridad que prestan servicio en la ciudad.

Con su puesta en marcha el consistorio de esta localidad da un paso más contra este tipo de actuaciones y es una de las primeras ciudades de España en elaborar un protocola que coordina la respuesta del Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Policía Local, la Fiscalía y los jueces a la hora de prevenir y actuar en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Además, con su aprobación los legítimos propietarios que vean lesionados sus derechos pueden acudir al Centro Cívico Distrito Centro (Plaza del Pueblo, 1) o llamar gratuitamente al teléfono 900 10 10 29, y recibirán de la Policía Local y de Servicios Sociales asesoramiento legal para el procedimiento judicial, apoyo psicológico, orientación sobre medidas de prevención y un servicio rápido de mediación para poner fin a la ocupación delictiva.

Imagen de los técnicos del Ayuntamiento trabajando en la elaboración del protocolo junto al vicealcalde, Miguel Ángel Arranz.

En opinión de Miguel Ángel Arranz, vicealcalde de Alcobendas y concejal de Urbanismo, este protocolo supone “una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada emanado del artículo 33 de nuestra Constitución Española y del Código Civil, ya que la ocupación de viviendas o locales es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos y la articulación de medidas cautelares efectivas para devolver la posesión al legítimo propietario lo antes posible”.