El Gobierno endurece las exigencias de las zonas de bajas emisiones a partir del 26 de noviembre
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a demostrar que las restricciones al tráfico se aplican realmente y que cuentan con sistemas de vigilancia y sanciones efectivos, poniendo fin a la posibilidad de justificar estas áreas únicamente mediante periodos transitorios de avisos.
LMN
Las zonas de bajas emisiones afrontan un nuevo cambio normativo que afectará a los municipios españoles obligados a establecer restricciones de circulación por motivos medioambientales. El Gobierno ha aprobado una modificación de la regulación estatal que entrará en vigor el próximo 26 de noviembre y que exigirá a los ayuntamientos acreditar que estas áreas funcionan de manera efectiva y no se limitan a una delimitación sobre el plano.
La medida tiene especial interés para los conductores de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, tanto por los desplazamientos diarios que realizan hacia Madrid como por las obligaciones que afectan a los municipios de más de 50.000 habitantes. La normativa estatal exige que estas ciudades dispongan de zonas de bajas emisiones, aunque corresponde a cada administración local establecer su delimitación y las condiciones concretas de circulación.
El cambio aprobado por el Consejo de Ministros responde a las deficiencias detectadas durante los primeros años de aplicación de estas restricciones. El Ejecutivo considera que algunas ciudades han establecido zonas de bajas emisiones sin acompañarlas de medidas suficientes para garantizar su cumplimiento, mientras que otras han prolongado los periodos de avisos sin aplicar de manera efectiva las sanciones previstas.
A partir de la entrada en vigor de la nueva regulación, los ayuntamientos deberán remitir a las administraciones competentes la documentación que acredite la existencia de restricciones reales de acceso, circulación y estacionamiento, así como el funcionamiento de los sistemas de control y vigilancia.
Las multas pasan a ser una exigencia para acreditar las zonas restringidas
Uno de los aspectos más relevantes de la modificación es la obligación de demostrar que se aplica el correspondiente régimen sancionador. La nueva normativa establece que los sistemas transitorios de avisos no podrán utilizarse para acreditar que una zona de bajas emisiones está correctamente implantada.
Esto no significa que el 26 de noviembre todos los vehículos vayan a tener nuevas prohibiciones de circulación ni que las restricciones sean idénticas en todos los municipios. Las condiciones concretas seguirán dependiendo de las ordenanzas municipales, aunque los ayuntamientos tendrán que justificar que las medidas aprobadas se cumplen realmente.
La regulación también exige acreditar la integración de los sistemas municipales con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, además de comunicar los indicadores utilizados para evaluar la evolución de la calidad del aire.
El incumplimiento de estas obligaciones tendrá consecuencias administrativas, ya que las zonas de bajas emisiones no podrán considerarse correctamente implantadas mientras no se haya remitido la documentación exigida.
La modificación introduce así una mayor presión sobre los ayuntamientos para que pasen de la aprobación formal de las restricciones a su aplicación efectiva. Para los conductores, el principal efecto será una mayor exigencia en el control de las normas municipales, aunque las prohibiciones concretas continuarán dependiendo de cada ciudad.
El nuevo marco regulador se recoge en el Real Decreto 953/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de noviembre, que modifica la normativa estatal sobre zonas de bajas emisiones aprobada en diciembre de 2022.
Alcobendas · Sanse · Zona Norte de Madrid
Lo que pasa cerca de ti,
sin tener que buscarlo.
Cada semana, lo más importante de tu municipio. Elige cómo quieres recibirlo.
