Actualidad

Tasa de basuras: los municipios madrileños piden al Gobierno que no sea obligatoria

Compartir
La aplicación de la tasa de basuras a la que obliga la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular sigue preocupando a los ayuntamientos. 

La Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha emitido un manifiesto en el que pide al Gobierno que su aplicación no sea obligatoria. Considera que esta imposición ataca a la «autonomía de los ayuntamientos» y llega además en un momento económico que no resulta el más adecuado.

Por eso, piden al Ejecutivo volver al «carácter potestativo» de la tasa, de manera que sean los propios municipios quienes decidan si implantarla o repercutir el coste de la gestión de los residuos con cargo a otros impuestos o partidas del presupuesto municipal, como ya hacían algunos consistorios. 

La ley obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria» que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos. Todos los municipios, incluidos aquellos con una población de hasta 5.000 habitantes tienen que aplicarla. Esto supone un «nuevo y claro ataque a la autonomía municipal y supone un verdadero castigo a todos los ayuntamientos, que se están viendo obligados a repercutir la tasa en los ciudadanos», según sostiene la Federación en el manifiesto ‘En defensa de la autonomía local frente a las imposiciones del Gobierno de España’. 

La normativa estatal da un plazo de tres años a las entidades locales para establecer el tributo y ese plazo vence el 10 de abril de 2025. La FMM considera que la entrada en vigor de este impuesto el 1 de enero de 2023 coincidió, además «con un periodo en el que la inflación y los costes energéticos estaban en su punto álgido», lo que añadió «más presión sobre los presupuestos municipales y sobre los ciudadanos». Un momento social y económico que, a juicio de la federación «no ha sido ni es el adecuado para introducir nuevos impuestos y, mucho menos, de una magnitud tan considerable».

La FMM cuestiona además que este impuesto regulado por el Ministerio de Transición Ecológica no ha conllevado «consulta adecuada alguna a los municipios y empresas afectadas». «Lo más llamativo es que esta ley, en lugar de apostar por el incentivo y la educación, opta por la penalización», insiste. 

La ley contempla además que los municipios de España tienen que pagar el 100% del coste de recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de restos. Es decir, «pasa de ser una elección discrecional a un hecho obligatorio» y no deja margen a los ayuntamientos «para que se pueda financiar parte del coste de gestión de residuos con cargo a otros impuestos, como por ejemplo el IBI», como hacían algunos municipios. Como ejemplo, la FMM cita al gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha mantenido habitualmente «una postura contraria a este tipo de impuestos», incluso llegando a eliminar su gravamen sobre depósito de residuos en diciembre del año 2021. 

Otros alcaldes madrileños también decidieron suprimir esa tasa de basura aunque repercutiéndola en parte en otros gravámenes como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ayuntamientos como el de Alcalá de Henares o Móstoles también han optado por bajar otros impuestos municipales para intentar compensar la tasa obligatoria.

Y es que, según recoge la federación en el manifiesto, los municipios ya se enfrentan a nuevas obligaciones como «la recogida selectiva de residuos orgánicos y la necesidad de construir instalaciones de tratamiento modernas en las mancomunidades». Y este impuesto puede suponer un incremento del «60% de los costes de gestión de los residuos para un municipio». 

Insisten los municipios madrileños en que «otras comunidades autónomas que ya tenían impuestos superiores antes de la entrada en vigor de esta ley». En Cataluña, por ejemplo, citan que la diferencia del coste por tonelada es de 59 euros mientras que en la Comunidad de Madrid el importe es de 40 euros. Para más inri, recogen que «no se ha facilitado a los municipios el margen de tiempo necesario para adaptarse, ya que la ley se publicó con menos de un año de antelación de su entrada en vigor». Por todos estos argumentos, reiteran al Gobierno que los municipios tengan libertad para decidir si imponen la nueva tasa de basuras.