Escuchas Ilegales

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Mucho se ha hablado estas semanas de la última noticia que pretende impactar del gobierno de la nación, sobre el presunto espionaje del teléfono móvil del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Fuera de la nefasta visión nacional e internacional que produce tal presunta intrusión, y de lo oportuno que es el gobierno para lanzar sus desconcertantes noticias, procedemos a analizar en el presente artículo la tipificación de esa acción en nuestro derecho penal.
Marcela Reigia

Así las cosas, los delitos que podemos conocer como de cracking y ciberespionaje (delitos de acceso ilegales a sistemas informáticos), tras la reforma del Código Penal en el año 2015, pasan a regularse en el artículo 197 bis de la citada norma que contempla por una parte el acceso ilegal, sin autorización, vulnerando las medidas de seguridad; y por otra, la interceptación de transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos.

Esta modificación de nuestro código, como la mayoría de las normas tras ceder nuestra soberanía a la Unión Europea, viene impuesta por la Directiva de la Unión Europea núm. 40/2013.

La conducta que se pretende perseguir o castigar es el acceder de forma ilegal a sistemas informáticos, por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado. Así como, al que acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en el mismo, en contra de la voluntad de quien pueda impedírselo. Castigándose tales conductas con una pena de prisión de seis meses a dos años.

La fiscalía general ha delimitado que entenderemos por medida de seguridad  «aquella que se haya establecido con la finalidad de impedir el acceso al sistema, con independencia de su complejidad”, en definitiva cualquier clave o contraseña.

Por otro lado, la antedicha norma europea aclara que la expresión «sin estar autorizado« incluye acciones como el acceso, la interferencia o la interceptación, sin aprobación del legítimo propietario u otras personas con derechos sobre el sistema.

Es decir, coger el móvil de ese tercero y acceder a su contenido sin que nos autoricen. (En este asunto de acceso al móvil de un tercero también se han pronunciado los Tribunales de Familia protegiendo así la esfera de privacidad entre los matrimonios, no encontrándose justificado, ni siendo lícito el acceso al móvil de tu pareja).

Nuestro derecho penal prevé agravar la pena antedicha, agravamiento que podría aplicarse en los casos que se producen cuando el que comete esta conducta es por ejemplo el técnico u encargado del sistema informático, por la confianza que al final deposita el usuario en el técnico en cuestión. Así, el Tribunal Supremo se pronunció sobre un ejemplo paradigmático de cracking, que condena como autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197. bis 1, al empleado de un comercio de informática, por extraer de la papelera de reciclaje del ordenador de la víctima varios archivos en los que se veían distintas escenas pertenecientes a la intimidad de la misma, visionándolos, recuperándolos y copiándolos en discos, obviamente sin el permiso de la perjudicada, que posteriormente fueron difundidos.

No sabemos si el Gobierno encontrará al presunto culpable, ni aún si caerá la pena sobre el, pero como ciudadanos de a pie tenemos la responsabilidad de evitar estas conductas.

Marcela Reigía Vales

Abogado.

www.reigiavales.com

@rv_abogados