Se cumple un año de la filtración que ha imputado al Fiscal General del Estado
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El fiscal general del Estado ostenta la más alta representación del Ministerio Fiscal en España, y su imputación afecta directamente a la independencia judicial y la confianza en las instituciones que tenemos los ciudadanos de a pie generando una clara inseguridad jurídica.
Hace un año se filtraron una seria de conversaciones entre el letrado de un acusado y el Ministerio Fiscal pudiendo ser dicha actuación constitutiva de un delito de revelación de secretos, la mayor atrocidad que puede cometer un miembro de la justicia pues todos conocemos el deber de secreto que prima en la defensa de los actores judiciales.
Las principales asociaciones de fiscales de nuestro país han manifestado su reticencia, la cual comparto, a que el Sr. García Ortiz continúe en su cargo pues ello afecta directamente a la autonomía del Ministerio Fiscal, y en consecuencia a la imagen de la Fiscalía, así como a todo el cuerpo de fiscales que componen la misma. Si bien es cierto que la imputación, en términos legales, no implica necesariamente una culpabilidad, pero no cabe duda de que plantea incertidumbre sobre la capacidad de la persona imputada para ejercer sus funciones con la debida objetividad y sin conflictos de intereses. Así como una imagen de falta de neutralidad para la institución y la justicia en general.
En España, el fiscal general del Estado es una figura que depende directamente del Ejecutivo, designada por el presidente del gobierno con la aprobación del Congreso de los Diputados.
En este sentido hemos de subrayar la importancia de la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal. Pues la imparcialidad es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y la imputación y en consecuencia relación directa con el gobierno del Sr. García Ortiz, hacen que su neutralidad e higiene profesional sea totalmente cuestionada para todos aquellos que formamos parte del mundo del derecho.
A mayor abundamiento en las últimas semanas hemos visto como de forma burlesca el propio fiscal general del Estado ha nombrado al candidato a fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública que estará encargado de fijar criterio en la Fiscalía –entre otros– sobre el delito de revelación de secretos por el que se investiga al Sr. García Ortiz.
Resulta inconcebible en un estado de derecho, sin perjuicio de la presunción de inocencia, que se tome tal decisión por la cabeza máxima de la fiscalía cuando éste precisamente es “juez y parte” en tal decisión.
La imagen que damos sobre la justicia de nuestro país, continuando al mando de la fiscalía el Sr. García Ortiz es totalmente lamentable, perpleja y subdesarrollada.
En definitiva, hemos de velar por la defensa de la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, que debe operar sin injerencias políticas y con una imagen limpia y neutral. Por ello, hemos de defender la autonomía de la institución y su rechazo a cualquier intento de politización del sistema judicial.
Marcela Reigia Vales/ Abogado
@rv_marce