Invertir en justicia no da votos
Hay un dicho entre los profesionales del sector de la justicia en que invertir en este ámbito no suele generar votos, al menos aparentemente. Sin embargo, mi criterio es que invertir en justicia se presenta como un motor fundamental para el desarrollo económico, el empleo y la estabilidad social.
Las verdades a veces son incómodas que la política prefiere no mirar de frente. Una de ellas es esta: invertir en justicia no da votos. No inaugura carreteras, no corta cintas, no llena portadas. Pero sí construye algo mucho más valioso y duradero: confianza, crecimiento y estabilidad.
España destina hoy alrededor del 0,3 % del PIB a su sistema judicial. Es una cifra que habla por sí sola. Con esa inversión, ningún país puede aspirar a una justicia ágil, moderna y capaz de sostener el ritmo económico de una sociedad compleja. Y, sin embargo, seguimos actuando como si la justicia fuera un gasto accesorio, un apéndice administrativo que puede esperar.
La realidad es otra es que cada día que un procedimiento se eterniza, la economía pierde. Pierden las empresas, que retrasan decisiones. Pierden los ciudadanos, que ven cómo sus derechos se diluyen en la espera y muy importante el Estado, que recauda menos porque la actividad se frena.
Los datos son una realidad tanto social como económica y una mejora moderada en la eficiencia judicial, “solo moderada” puede elevar el PIB per cápita en torno a 0,28 puntos porcentuales al año. Aplicado al PIB español de 1,594 billones de euros en 2024, ese porcentaje supone 4.464 millones de euros adicionales. No es una cifra teórica: es riqueza real, actividad real, empleo real.
Y una parte vuelve directamente al Estado y con una estimación prudente es de un 20 % de retorno fiscal sobre la nueva actividad generada la recaudación podría aumentar en torno a 892 millones de euros anuales.
¿Por qué ocurre esto? Porque la justicia rápida reduce costes de transacción, protege derechos de propiedad y contrato, y elimina incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. Sectores como el inmobiliario, el financiero o las pymes lo saben bien: un pleito que se alarga no es solo un problema jurídico, es un freno económico. Es sorprende que sigamos discutiendo si debemos invertir más en justicia, cuando la pregunta real es cuánto estamos dispuestos a perder por no hacerlo. Elevar la inversión al 0,6 % del PIB no es un capricho ni una extravagancia presupuestaria: es un alineamiento con los estándares europeos y con la evidencia económica
El refuerzo del sistema judicial exige más jueces, LAJs y personal técnico especializado, junto con magistrados suplentes cualificados para apoyo temporal en jurisdicciones saturadas, y gestión procesal basada en datos, con indicadores de productividad e incentivos objetivos, es imprescindible para optimizar recursos. La especialización por materias resulta crítica: no puede exigirse a un Magistrado de familia resolver asuntos de alta complejidad bancaria o de consumo sin comprometer la calidad, la seguridad jurídica y la eficiencia económica del sistema.
En mi opinión no son de lujos administrativos es como llaman los ingleses “win-win” política social y económica.
La política, sin embargo, sigue premiando lo visible y la justicia rara vez ofrece fotos de impacto. Pero sí ofrece algo que ningún titular puede igualar: certeza, estabilidad, empleo, inversión y recaudación
Ha llegado el momento de dejar de ver la justicia como un coste y, en realidad, la palanca económica más infravalorada de España. Y, como toda palanca, solo necesita un punto de apoyo: voluntad política.