El Impuesto de sucesiones genera pérdidas millonarias a las Administraciones
La crisis sanitaria ha provocado alteraciones en todas las estructuras del estado del bienestar. No hay prácticamente ningún elemento de la vida cotidiana que no se haya visto alterada por la enfermedad, y las herencias no son una excepción.
La sucesión hereditaria establece el destino de las titularidades y relaciones jurídicas de la persona que ha fallecido (causante). El causante es libre de obrar respecto al fin que quiere dar a sus bienes, pero también ha de respetar lo que establece la normativa al respecto. Sobre los bienes titularidad del fallecido existen derechos reales, de crédito y también recaen obligaciones y cargas.
En los últimos meses, el incremento de la mortalidad ha llevado aparejado el de las herencias sin reclamar, lo que se traduce en una pérdida millonaria de ingresos para las administraciones en concepto de impuesto de Sucesiones.
Hablamos de que aproximadamente más de 9.000 herencias sin herederos conocidos quedarán sin administrar y sin liquidar sus correspondientes impuestos. Esta situación tiene tres consecuencias fundamentales:
- Perdida de ingresos en concepto de Impuesto de Sucesiones (6 meses desde la fecha de fallecimiento).
- Generación de deudas a la administración pública y a las entidades de tutela, que deben cubrir los gastos de entierro de esos fallecidos. Esto ha ocurrido fundamentalmente en Madrid, con decenas de cadáveres sin reclamar e incluso sin filiar.
- Gestión y administración de los bienes propiedad de los fallecidos sin filiación. Inmuebles y depósitos bancarios sin heredero conocido, apropiaciones indebidas, problemas en las comunidades de propietarios, ocupación ilegal y su consecuente coste de gestión; caudales hereditarios cuyos herederos serán desconocidos y por lo tanto el estado no podrá cobrar.
La crisis generada por el Covid-19 ha obligado a muchas familias a iniciar los trámites de sucesión hereditaria tras perder a sus seres queridos. La pandemia que atravesamos en la actualidad, ha obligado a las administraciones a reorientar sus partidas de gasto y a endeudarse, lo que a la larga supone un perjuicio en el día a día de todas las familias.
En cualquier caso, la gestión de una herencia tiene una cierta complejidad jurídica que hace que sea más que recomendable acudir a un abogado especializado en el tema e informarse de las posibilidades antes de tomar decisiones irreversibles.
Amalia Galán Panduro
Abogada