¡El Gobierno tenía el deber legal de actuar y no lo hizo!
Lo vivido las últimas semanas en España, es de una extrema gravedad. En primer lugar, por las vidas, que aún no sabemos cuántas, se ha llevado esta catástrofe y en segundo lugar por el abandono a aquellas personas que han sobrevivido, ahora sin nada, a esta tragedia.
Aunque creamos que las catástrofes naturales inicialmente son incontrolables, lo cierto es que en este caso existen unos culpables.
Ya he comentado en otros artículos, como España se ha ido quebrando en los últimos años, y muy en especial en el último año y medio, donde todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho vemos como el poder ejecutivo ha transgredido la separación de poderes y esto también ha tenido una consecuencia con lo que ahora llaman DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
El gobierno nacional, ha mirado hacia otro lado abandonando a cientos de ciudadanos españoles. Y la Comunidad Autónoma, echa balones fuera en un intento de librarse de responsabilidades.
Y aquí entre unos y otros nadie da solución a lo acontecido, donde es el pueblo y miles de héroes anónimos los que están donando enseres, productos, poniendo sus vehículos propios a disposición, entregando su tiempo y su físico, etc.
En definitiva, mostrando la clara ineficiencia y el desamparo de nuestras instituciones.
Ante esta insólita situación, muchos nos preguntamos, para qué sirve esta monstruosa administración y alta fiscalización, si a la hora de la verdad lo que salva a las personas son los bienes propios de ciudadanos corrientes y la ayuda que éstos están brindando.
Resulta desolador, sorprendente y desesperante, tal ineficacia institucional. Así como vergonzoso que los políticos nunca quieran asumir responsabilidades, como si ello no formara parte de su deber y actuación.
Jurídicamente también existen medios en nuestra legislación que se han obviado por completo. En este sentido, el gobierno de la nación ha optado deliberadamente por ignorar la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras cosas, no activando el nivel 3 del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones por la DANA.
No resulta baladí que a las escasas horas de lo acontecido por la DANA en la península el Gobierno de España tendría que haber declarado la emergencia de interés nacional de acuerdo con el art. 28 de meritada ley. Ofreciendo a todos los afectados y al territorio devastado todos los medios materiales y humanos de los que dispone España. En la misma línea el ministro del Interior tiene a su vez responsabilidad en materia de alertas de protección civil y planificación ante catástrofes, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la referida norma. Sin perjuicio de la responsabilidad en este ámbito también de la Comunidad Autónoma.
Todas estas acciones hubieran salvado vidas y daños materiales, y, el gobierno no sólo ignoró la ley, sino que abandonó a sus compatriotas.
También son culpables de todo esto las políticas ecologistas radicales que vienen implantándose desde hace años en España, que provocan que estas catástrofes naturales se aceleren y tengan consecuencias desastrosas. No sólo con el desbordamiento de los ríos por falta de limpieza de los mismos, sino con la falta de desbrozamiento y limpieza de los bosques que causa los devastadores incendios que llevamos viendo años, la negativa a dragar los puertos, etc., y así con miles de políticas que sólo provocan daños directos para la agricultura y la ganadería española, y en particular, cuando se dan estas catástrofes naturales a cientos de personas que ven como han perdido a seres queridos y/o todos sus bienes materiales, afectación de negocios, industrias, etc. por la negasta gestión y falta de responsabilidad de nuestros políticos.
Marcela Reigía Vales
Abogado