Apagón con conocimiento previo y sin explicación
Aunque resulte insólito, y poco digno de un país desarrollado de la Unión Europea, a la fecha no tenemos ni una sola explicación del gobierno de la nación, más allá de “echar balones fuera”, sobre lo acontecido el pasado 28 de abril, que dejó a España (Portugal y parte de Francia) sin electricidad, sin comunicaciones y en un estado total de caos durante más de 12 horas.
Tampoco de las compañías que gestionan estos bienes esenciales, que son:
- REDEIA un grupo empresarial global que gestiona infraestructuras esenciales en el ámbito energético y de telecomunicaciones. El gobierno es el principal accionista de esta empresa pues se encuentra participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 20%.
- Ni de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. (REDESA), quees la responsable de garantizar el funcionamiento seguro, eficiente y continuo del sistema eléctrico en nuestro país. Si bien es cierto que es una empresa privada, no hay que olvidar que se trata de un operador monopolista, que ofrece un servicio básico de interés público general, en cumplimiento de la obligación de garantizar el suministro eléctrico que le corresponde al Gobierno de España.
El apagón a dejado afectados y fallecidos por esta negligencia, daños económicos en comercios, ciudadanos de a pie y a nivel empresarial, una la lamentable imagen internacional de España, y a pesar de que no conocemos exactamente los motivos del meritado apagón lo cierto es que EXISTEN RESPONSABLES.
Numerosas fuentes apuntan a qué días antes al apagón, la red eléctrica española estaba sufriendo oscilaciones de frecuencia y tensión, que, aunque no provocaron apagones si eran un claro indicativo de que el sistema estaba teniendo fallos, por lo que primera conclusión: La mercantil REDESA días antes el apagón era conocedora de problemas en nuestra red. Pero, es más, estos agentes lo conocían incluso ANTES. En concreto los auditores de REDEIA (la consultora E&Y) en el 2024 advirtieron a través de un informe, de los riesgos de posible generación de desconexiones automáticas ante perturbaciones, así como la pérdida de capacidad de generación firme tras el cierre de centrales convencionales, la falta de información operativa en tiempo real y amenazas derivadas de la digitalización sin controles adecuados.
Todo esto choca frontalmente con que 19 días antes del apagón la propia REDEIA hizo declaraciones públicas de la inexistencia de riesgo alguno de interrupción del suministro. ¡DOLOSO CUÁNTO MENOS!
En definitiva, no resulta baladí, ni como ciudadanos españoles ni desde el ámbito de responsabilidad jurídica, que la empresa responsable de gestionar y garantizar las infraestructuras esenciales en el ámbito energético y de telecomunicaciones tuviera conocimiento de los riesgos de un apagón y no sólo manifestaran públicamente lo contrario, sino que no tomaran acción alguna para evitarlo.
En este sentido, sin perjuicio de la falta de diligencia debida, se ha producido un claro incumplimiento de REDESA en su obligación de garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y todo ello conforme lo contenido en el artículo 62 LPAC (Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común) en relación con el artículo 30 y 76 de la Ley del Sector eléctrico (LSE), no garantizando la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte. A estos efectos los afectados podrán, como la ley permite, exigir responsabilidad patrimonial administrativa contra REDESA, REDEIA o el propio estado español, como último garante de este bien esencial.
En definitiva, hay culpables y hay responsables, esperemos que el gobierno de nuestra nación se digne a dar a los ciudadanos, organizaciones, empresas y demás entes que formamos parte de la población española, sus estructuras comerciales y financieras una concluyente explicación sobre lo acontecido y se hagan responsables de todas aquellas acciones e inacciones que provocaron el apagón.
Abogado.
@rv_marce
