¿Abandonamos a la educación especial?

El Gobierno está planteando una modificación a la Ley de Educación que por primera vez en la historia de la democracia en España, se plantea sin contar con la opinión de los profesionales de la docencia ni con las aportaciones de las Asociaciones de padres.

Y no es por casualidad, ya que esta ley encuentra la oposición de una gran parte de la sociedad. Sindicatos, plataformas civiles, agrupaciones de centros educativos y asociaciones de familias se posicionan contra esta ley que busca eliminar el derecho de elección de las familias en la educación de sus hijos e intenta imponer una educación manipuladora, de bajo nivel y monopolizada por el Estado.

Las claves son las siguientes:

1. En primer lugar, se suprime el español como lengua de enseñanza como pago a los partidos separatistas a cambio de sostener a Sánchez en el Gobierno. Un paso más en el adoctrinamiento que sufren los niños en Cataluña.

2. Devuelve a las aulas una asignatura adoctrinadora a la vez que no habrá alternativa para la asignatura de religión. Una manera sutil de eliminar la asignatura sin un verdadero debate público y con manipulación.

3. Esta ley rebaja el nivel de exigencia. Convierte la repetición en un “recurso excepcional” eliminando el esfuerzo y el espíritu de superación en los alumnos.

4. Es también un ataque directo a la escuela concertada al eliminar el concepto de demanda social. Estos colegios no podrán ampliar sus plazas, aunque reciban más solicitudes. También la educación

diferenciada verá coartada sus subvenciones relegándolos a una segunda categoría de centros.

5. En cuanto a la educación especial, la norma establece un plazo de 10 años para eliminarla a través de vaciar sus aulas. Pretende que en ese periodo los centros tengan medios para atender a los alumnos con discapacidad eliminando así los centros de educación especial. Sin embargo, estos alumnos necesitan unos especialistas concretos, unas ratios muy bajas y medios económicos. El sistema actual funciona mejor que lo que quieren implantar y así lo defienden las asociaciones de padres y centros de educación especial.

En resumen, este proyecto supone un asalto a los derechos y libertades de los españoles y un ataque directo a los padres.

Por esta razón, es necesario que todos nos posicionemos. O a favor del adoctrinamiento del Gobierno de turno, a merced de sus desvaríos ideológicos o en favor de la libertad de elección de los padres, recogida en el artículo 27.3 de la Constitución y a la posibilidad que los alumnos aprendan en español, la tercera lengua más hablada en el mundo.

Algunos ya lo hemos hecho y demandamos la retirada de este proyecto y, aún más, ampliar el alcance de las ayudas que las diferentes administraciones prestan a la educación especial. Pedimos que se reduzcan los gastos políticos y las subvenciones ideológicas y que este ahorro se dedique a estos mejores apoyos y, en general, a lo que verdaderamente importa a los españoles.

Es imprescindible el apoyo de todos para evitar este ataque a la libertad si de verdad buscamos un modelo educativo que realmente iguale los puntos de partida independientemente de los niveles de renta y prepare con efectividad a los alumnos para crecer en sociedad.

Fernando Montenegro y Miguel Guadalfajara, concejales de Vox en el
Ayuntamiento de Alcobendas