Opinión

A votar

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El próximo 29 de noviembre los españoles tenemos una cita con las urnas que debería invitarnos a algo más que elegir un Gobierno.

Después de ocho años de Pedro Sánchez, salpicados por numerosos presuntos casos de corrupción, un preocupante deterioro de la confianza institucional y una polarización política que parece haberse convertido en una forma de gobernar, llega el momento de decidir qué España queremos para los próximos años.

Las encuestas llevan tiempo anticipando una victoria del Partido Popular y un crecimiento de Vox que podría facilitar una alternativa de Gobierno. Pero la experiencia nos recuerda que las mayorías no se construyen en los sondeos, sino en las urnas. Y todavía quedan dos semanas en las que puede pasar de todo.

La tragedia ferroviaria de Urda, con 69 fallecidos, ha vuelto a golpear a una sociedad que todavía tenía muy presente el accidente de Adamuz. Dos catástrofes en apenas nueve meses, 115 vidas perdidas y demasiadas preguntas pendientes sobre la seguridad y el mantenimiento de nuestras infraestructuras. Óscar Puente terminó presentando su dimisión después del segundo accidente. Personalmente, creo que su responsabilidad política debería haberse asumido mucho antes, tras lo ocurrido en Adamuz. Porque una cosa es esperar a que las investigaciones determinen las causas y las posibles responsabilidades penales, y otra muy distinta entender que un ministro debe responder políticamente por la gestión de su departamento. Y para eso no debería hacer falta una segunda tragedia.

Y, por si faltaba algún episodio para la reflexión, hemos asistido a una huelga general bastante peculiar. Una convocatoria sindical que contó con el respaldo de miembros del Gobierno y que, según explicó el propio Ejecutivo, iba dirigida contra la oposición. Es decir, quienes gobiernan respaldando una protesta contra quienes todavía no gobiernan. Una curiosa manera de entender las responsabilidades políticas, especialmente cuando la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo, principales reivindicaciones de la convocatoria, son problemas que los españoles llevan años padeciendo.

Y, sinceramente, me preocupa que volvamos a afrontar unas elecciones en las que nuestros políticos utilicen más sus parlamentos para hablar de sus adversarios que para explicar sus propuestas de futuro. España necesita un proyecto de país que vaya mucho más allá de una legislatura. Necesitamos saber cómo vamos a modernizar nuestras infraestructuras, garantizar la sostenibilidad de las pensiones sin hipotecar a las próximas generaciones y recuperar unos servicios públicos cuya calidad no debería depender de la confrontación partidista.

También tenemos que afrontar el problema de la vivienda, que amenaza con convertirse en una fractura social permanente, revisar una presión fiscal que penaliza el esfuerzo y la iniciativa empresarial y construir una economía capaz de ofrecer oportunidades reales a quienes empiezan su vida laboral.

Quizás aquí esté una de las grandes transformaciones de nuestra sociedad. A la tradicional división entre clases sociales se está sumando otra, cada vez más evidente, entre generaciones. Mientras unos aspiran a conservar la estabilidad conquistada, otros sienten que las reglas del juego les impiden alcanzar siquiera las condiciones de vida de sus padres. No debería sorprendernos que muchos jóvenes busquen alternativas políticas alejadas de las formaciones tradicionales, como sucede en otros países europeos.

También deberíamos cuestionar una cultura política que parece entender que ganar unas elecciones concede el derecho a «okupar» las instituciones y repartir cargos como si fueran patrimonio de los partidos. Votamos a nuestros representantes para que gobiernen, no para que utilicen su particular dedo divino colocando a personas cuya principal virtud es aplaudir al jefe de turno. Ese palmerismo político, que tantas veces he criticado, termina convirtiendo la fidelidad en un mérito y relegando la preparación y la capacidad a un segundo plano. Y las consecuencias de esa mediocridad las acabamos pagando todos.

Soy de los que piensa que la política debería ser, ante todo, el arte de convencer, de dialogar y de alcanzar acuerdos entre quienes defienden ideas diferentes. Gobernar no debería consistir en alimentar la división ni en convertir al adversario en un enemigo, sino en encontrar soluciones que permitan avanzar a toda una sociedad. Echo de menos una política en la que el interés general pese más que las estrategias electorales y donde los acuerdos no sean interpretados como una debilidad.

En definitiva, España tiene demasiado en juego como para que nos conformemos con elegir entre unos y otros sin exigirles nada más. Tenemos problemas que no admiten otros cuatro años de enfrentamientos, promesas incumplidas y oportunidades perdidas. El 29 de noviembre tendremos la posibilidad de decidir si queremos continuar por el mismo camino o apostar por uno diferente. Cada cual tendrá sus razones, sus convicciones y sus preferencias, pero ninguna encuesta ni ningún dirigente puede sustituir nuestra decisión. Porque, por mucho poder que acumulen los partidos, hay algo que todavía nos pertenece exclusivamente a los ciudadanos: la libertad de decidir quién queremos que nos gobierne.

Así que, a votar.

Juan Ussía

Alcobendas · Sanse · Zona Norte de Madrid

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