El Gobierno limita a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales y empresas

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El Consejo de Ministros  celebrado el martes, 13 de octubre ha dado luz verde al anteproyecto de ley destinado a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, norma con la que espera recaudar 828 millones de euros al año. Entre las medidas se incluye la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo entre profesionales y empresas.

Además, se pretende establecer un o un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.

Las medidas las anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en donde destacó que la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad del Ejecutivo porque “no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto

Principales medidas adoptadas

  • La norma limita los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares.
  • Se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para pago en efectivo en el caso de particulares con domicilio fiscal en el exterior.
  • Sobre las criptomonedas se obliga a informar sobre saldos, titulares de monedas y operaciones que se realizan, ya sea adquisición, transmisión, cobro o pagos con este instrumento, así como informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y servicios en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.
  • Se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.
  • Prohibición del denominado software de doble uso utilizado por grandes compañías para hacer una doble contabilidad con programas informáticos que permiten su manipulación.

El conjunto de medidas podría generar en torno a 828 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable, según estima Hacienda.