Mordaza a la prensa
El Gobierno presentará una “propuesta de acción y calidad democrática» el próximo 17 de julio, al que ha llamado Plan de regeneración democrática.
Sólo se han hecho algunos apuntes a la misma, por lo que a le fecha debemos estar a la espera de su contenido para analizarlo minuciosamente, no obstante, de primeras, el crear un plan para regenerar la democracia, suena a todo, menos a democrático.
Entre otras medidas, parece que se pretende controlar y clausurar lo que el presidente de España denomina “bulos” y “pseudo medios”.
Para aquellos, que son legos en derecho, hemos de indicar que nuestro ordenamiento jurídico dispone de diverso articulado que protege la desinformación o la información falsa. Desde nuestro Código Civil hasta el Código Penal, donde resultan punibles las injurias y las calumnias. Protegiendo así aquellas situaciones en las que los medios de comunicación retuercen la realidad o menoscaban la privacidad de los ciudadanos.
A mayor abundamiento el artículo 20 de nuestra Constitución, establece y protege entre otros derechos fundamentales la libertad de expresión e información, derechos esenciales en cualquier democracia.
La libertad de expresión se refiere a la autonomía para comunicar ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio de difusión. Por su parte, la libertad de información ampara la comunicación de tales hechos mediante cualquier medio de difusión general, lo que denota su carácter inicialmente objetivo, aunque siempre llevará los tintes del comunicador de turno. En cualquier caso, nuestra carta magna y toda su jurisprudencia exige la veracidad de la información, entendiendo y requiriendo que el informante actúe con diligencia contrastando la información.
Es decir, por mandato constitucional en España cabe la autonomía para la creación de medios de comunicación y se protege la libertad de información exigiéndose la veracidad de esta.
Ambas libertades, expresión e información, podrán ser ejercidas por cualquier persona.
¿Pero qué sucede ante la información falsa?
Sin que el Sr. Sánchez tenga que venir a protegernos, todos los ciudadanos y entidades, contamos en España, entre otras medidas, con el derecho de rectificación cuando consideremos que alguna información difundida es falsa o nos perjudica. Puesto que es habitual que la libertad de expresión e información colisione con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen. Siendo estos tres últimos derechos un límite para el derecho a la libertad de expresión e información.
A pesar de estas limitaciones, que ya existen y vienen garantizando los derechos de los ciudadanos frente al posible “abuso” en el derecho de información, el Tribunal Constitucional ha destacado el carácter preferente de la libertad de información por su capacidad para formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático.
Parece claro que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico límites a los bulos, las noticias falsas, las injurias, etc. ¿es necesario que Sánchez regenere esto?
Lo que realmente subyace en todo este plan no es una protección al honor o a la intimidad de los ciudadanos. Sino un proceso de censura y de mordaza a los medios de comunicación, con el constante amedrentamiento de los agentes sociales.
Llevamos meses viendo como el poder ejecutivo apisona al resto de poderes injiriendo en todos ellos. Lo último que falta para terminar con el Estado democrático es controlar la prensa.
Marcela Reigia Vales, Abogada
@rv_marc