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Madrid suprime 540 procesos burocráticos desde 2020 para simplificar los trámites

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La Comunidad de Madrid ha eliminado un total de 540 procesos burocráticos desde 2020 dentro de su estrategia de simplificación administrativa, una iniciativa con la que pretende reducir cargas burocráticas, agilizar procedimientos y mejorar la eficiencia de la Administración. El anuncio se ha realizado durante un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrado en Santander.
LMN

Entre las medidas adoptadas figura el decreto aprobado el pasado mes de junio para modificar el procedimiento de elaboración de normas. El nuevo sistema incorpora la evaluación periódica de la legislación autonómica cada cuatro años y da prioridad al denominado silencio administrativo positivo en determinados procedimientos, con el objetivo de agilizar la relación entre la Administración, los ciudadanos y las empresas.

La Comunidad también destaca las reformas legislativas aprobadas en los últimos años, entre ellas la Ley de Medidas Urgentes de 2022, la Ley Ómnibus de 2023 y varias normas aprobadas en 2024 en materia urbanística, medioambiental y de gestión pública local, que han supuesto la modificación de más de un centenar de artículos de distintas disposiciones.

Otra de las herramientas puestas en marcha es la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un canal para que ciudadanos, autónomos y empresas comuniquen las trabas administrativas que encuentran en el desarrollo de su actividad.

Además, la Comunidad mantiene en funcionamiento la Aceleradora de Inversiones, que ha analizado proyectos empresariales por un importe superior a los 7.000 millones de euros, y la normativa de Mercado Abierto, que permite ejercer una actividad profesional en cualquier comunidad autónoma sin necesidad de obtener nuevas autorizaciones cuando ya se dispone de ellas en el territorio de origen.

El Ejecutivo regional también señala que la plataforma Cuenta Digital registró más de diez millones de accesos durante 2025 y que, según sus datos, ha permitido ahorrar más de 300.000 horas de gestiones administrativas a los usuarios.

Por último, según la Comunidad de Madrid, el objetivo de este conjunto de medidas es modernizar el marco normativo, reducir la carga administrativa, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la actividad económica y la creación de empleo