La imputación de ZP…cuando la corrupción deja de sorprender
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un nuevo terremoto político en España. Y quizá también algo peor: la sensación colectiva de que ya nada sorprende.
Después de años viendo cómo la Justicia investigaba, juzgaba o condenaba a presidentes autonómicos, alcaldes, ministros, concejales y altos cargos de distinto signo político, la pregunta que muchos ciudadanos se hacen ahora es inevitable. ¿Qué autoridad queda ya por caer? ¿Qué institución conserva intacta su credibilidad ante los ojos de la ciudadanía?
España lleva demasiado tiempo instalada en una sucesión interminable de titulares relacionados con presuntos casos de corrupción, tráfico de influencias, malversación o financiación irregular. Da igual el color político. Da igual la administración. Los escándalos aparecen con tanta frecuencia que han terminado por convivir con nosotros como si formaran parte del paisaje cotidiano. Y eso es precisamente lo más peligroso.
Porque cuando la corrupción deja de escandalizar, la democracia empieza a erosionarse lentamente. La normalización del deterioro institucional es uno de los mayores fracasos de cualquier sociedad moderna. El ciudadano ya no siente indignación; siente resignación. Y la resignación es el terreno perfecto para la desafección política, el populismo y la pérdida de confianza en todo aquello que debería sostener un Estado democrático.
En los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha contribuido de manera decisiva a debilitar la credibilidad de muchas instituciones. La tensión permanente, la utilización partidista de organismos públicos, el enfrentamiento constante y la sensación de que todo vale políticamente han provocado un desgaste profundo. Hoy quedan muy pocos espacios institucionales en los que la ciudadanía confíe ciegamente. Y recuperar esa confianza será una tarea gigantesca para el próximo Gobierno de España, sea del signo que sea. Una labor ardua, incómoda y poco reconfortante.
Porque reconstruir la credibilidad perdida siempre es mucho más difícil que destruirla.
Y en medio de todo este ruido nacional conviene no perder de vista la política más cercana, la municipal, la que afecta al vecino en su día a día. Ahí también existe una línea muy fina entre la gestión pública, la ejemplaridad y la sospecha permanente. Quien ocupa un cargo público —ya sea alcalde, concejal o representante de cualquier administración— no solo debe cumplir la ley. Debe además actuar con una ética irreprochable y con una transparencia absoluta.
La política necesita menos tacticismo y más ejemplaridad. Menos discursos y más principios. Porque al final, y aunque a veces parezca olvidarse, sin ética no hay estética y sin ambas de manera conjunta no hay institución que aguante.