Jueces y fiscales en huelga
¿Por qué apoyar el parón y la huelga de jueces y fiscales?
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las dos más amigables al Gobierno, han convocado y celebrado con notable éxito, según las fuentes de estas asociaciones un respaldo de entorno un 70%, una histórica concentración ante el Tribunal Supremo el pasado 28 de junio, así como una huelga los pasados días 1,2 y 3 de julio ante las últimas reformas legislativas, llevadas por la VÍA DE URGENCIA (sin justificación alguna) por el Gobierno de nuestra nación.
La modificación consiste en el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, este proyecto plantea novedades en el acceso a la carrera judicial y fiscal que suponen una quiebra de los principios de mérito y capacidad que son esenciales en el acceso a la carrera publica, pues se pretende rebajar las exigencias de acreditación de conocimientos técnico-jurídicos. En este sentido, en el turno libre se elimina el segundo oral, que acreditaba, entre otros, conocimientos de Derecho Procesal (el derecho que rige el proceso judicial), cambiándolo por un dictamen práctico, lo que da lugar a una evaluación del opositor más sesgada y subjetiva
En definitiva, la reforma propuesta modifica profundamente los procesos de selección y acceso, afectando a competencias del Consejo General del Poder Judicial, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, lo que provoca de facto minimizar la garantía de excelencia.
También se modifica el acceso por concurso-oposición, reservando en el turno de acceso libre un mínimo de 1 de cada 3 plazas de Magistrados, sin establecer máximo, dejando así a criterio político quién ocupará estas vacantes. Esta forma de acceso, además de limitar el turno libre, supone una injerencia de la política (elección por el gobierno de estos jueces) que se aleja mucho de la imparcialidad que debe regir en los tribunales y en definitiva en el poder judicial.
Por otro lado, tampoco resulta baladí, la reforma que pretende el ejecutivo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde la instrucción (fase del proceso penal que se encarga de investigar si existen pruebas suficientes para determinar si hay delito o no) pasará de ser responsabilidad de los jueces a los fiscales, una de las reformas más significativa del proceso penal en España hasta la fecha. Imaginemos que las causas actuales de presunta corrupción por ejemplo en la política y por cargos muy cercanos al gobierno y su actual presidente fuera dirigida por los fiscales, cuando nuestro propio presidente preguntó retóricamente ¿de quién depende la fiscalía?
En definitiva y a mi criterio otra injerencia más sin justificación del poder ejecutivo en el poder judicial. Sin poder judicial independiente, no hay estado de derecho. Sin estado de derecho, no hay separación de poderes. Sin separación de poderes no hay democracia.
Marcela Reigía Vales
Abogado
@rv_marce