Cuando la Justicia decepciona: una reflexión desde la ciudadanía
No hay sorpresa. Hay tristeza. Y quizá eso sea lo más preocupante.
El reciente nombramiento del Fiscal General del Estado —actualmente procesado— para un puesto de máxima relevancia en la Fiscalía del Tribunal Supremo no puede despacharse como una simple decisión técnica. Más allá de siglas o nombres propios, lo que deja tras de sí es una sensación incómoda que muchos ciudadanos comparten: la de que la ejemplaridad ya no es un requisito imprescindible para ocupar las más altas responsabilidades institucionales.
No escribo desde la indignación fácil ni desde el enfrentamiento partidista. Escribo desde la decepción cívica. Desde esa inquietud silenciosa que se instala cuando quienes deberían proteger el prestigio de la Justicia parecen ignorar el impacto de sus decisiones en la confianza colectiva.
La Justicia no se sostiene únicamente sobre leyes y sentencias. Se apoya, sobre todo, en la credibilidad. En la percepción de independencia. En la seguridad de que el mérito, la trayectoria y la integridad pesan más que la afinidad o la conveniencia política. Cuando esa percepción se resquebraja, el daño va mucho más allá del ámbito jurídico: afecta al contrato emocional entre las instituciones y la ciudadanía.
En barrios, asociaciones y conversaciones cotidianas —también en la Zona Norte de Madrid— se repite una pregunta inquietante: ¿qué mensaje se está enviando? Porque el mensaje importa. Y el que hoy parece llegar es peligroso: la lealtad al poder puede tener más valor que la conducta intachable.
La independencia judicial no es un concepto abstracto reservado a expertos o manuales académicos. Es una garantía real para cualquier persona que, llegado el momento, necesite acudir a un juzgado con la esperanza de ser tratada con imparcialidad. Cuando esa independencia se percibe como debilitada, la desafección crece y la distancia entre ciudadanos e instituciones se agranda.
Resulta especialmente grave que decisiones de este calado se adopten sin explicaciones claras, sin autocrítica y sin asumir el impacto social que generan. El silencio institucional no calma; al contrario, alimenta la sospecha y el desencanto.
No se trata de cuestionar la existencia de las instituciones, sino de exigir que cumplan su función esencial. Una Justicia percibida como obediente pierde autoridad moral. Y sin autoridad moral, ninguna institución puede aspirar a ser respetada.
España necesita una Justicia fuerte, independiente y ejemplar. Y cuando esa ejemplaridad se pone en duda, señalarlo no es un acto de deslealtad, sino de responsabilidad cívica. Callar, en estos casos, no es prudencia: es resignación.
Y la resignación, cuando hablamos de Justicia, nunca debería ser una opción.
Abogado
@rv_marce