Bye Bye COVID, también en la Administración de Justicia
El pasado 5 de julio, se publicaba en el BOE el acuerdo del Consejo de ministros que declara el fin de la crisis sanitaria del COVID-19 y elimina la obligatoriedad de las mascarillas. Auguro que la fecha no es escogida al azar pues este Gobierno, “no da puntada sin hilo”.
El fin de la mascarilla quizás haya sido la medida más llamativa, puesto que muchos sanitarios estaban ya reclamando el fin de dichas medidas en centros médicos, farmacias, hospitales, etc. Pero no ha sido el único sector beneficiado.
En el ámbito judicial hemos visto como durante el último año se seguían manteniendo medidas sanitarias por el COVID19, en algunos casos incoherentes, y que perjudicaban al acceso del ciudadano a la justicia.
Así el Consejo General del Poder Judicial ha acordado que, a partir del 5 de julio, todas las medidas organizativas y tecnológicas que se habían adoptado para paliar el COVID 19, queden sin efecto.
En el ámbito de la Administración de Justicia, dicho acuerdo supone el fin de medidas como la posibilidad de no usar toga en sala, el fin de la celebración telemática de actos procesales por aforo, el fin de las limitaciones en el acceso a las salas de vistas o la finalización de la atención al público no presencial, que tanto daño ha causado en estos años en la relación del ciudadano de a pie y la justicia, todas ellas, previstas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19.
La dispensa de la utilización de togas, que desde mi punto de vista desmerece mucho el comportamiento y el respeto a la sala, se recogía en el artículo 17 de la meritada ley, inicialmente dejaría de estar en vigor el pasado 20 de junio de 2021 pero, a petición del Consejo General de la Abogacía, esa exención se ha alargado dos años más, esto es hasta que desaparecieran todas las restricciones impuestas como consecuencia de la pandemia. Pero al fin, recobrando un poco la normalidad tan necesaria y la cortesía en sala, vuelven las togas a partir del 5 de julio a ser obligatorias en sala.
Otra de las medidas que en mi opinión ha impedido notablemente el acceso de los ciudadanos a la justicia, derecho fundamental consagrado en nuestra carta magna, han sido las limitaciones de acceso al público a las secretarias judiciales. Lo que provocaba que los ciudadanos se encontraran vagando por los pasillos de los juzgados completamente exhaustos ante el imposible acceso a mera información, siendo muchas veces los letrados y procuradores los que les servíamos de perro guía.
En la misma línea, aunque sólo sea de forma visual, se finalizarán las pantallas de plástico que continuaban dividiendo mesas, puestos en sala etc. carentes ya de sentido.
Parece que poco a poco volvemos a la normalidad ahora sólo falta arreglar la lentitud de los procedimientos judiciales agravada por las dos últimas huelgas, pero eso ya será para cuando las ranas críen pelo.
Marcela Reigia Vales.
Abogado.
@rv_abogados