La «Ley de Nietos»: cuando la nacionalidad deja de ser un vínculo jurídico para convertirse en un instrumento político
La nacionalidad constituye uno de los vínculos jurídicos más importantes entre el individuo y el Estado. No es un beneficio administrativo ni un instrumento de política coyuntural, sino el presupuesto que determina la pertenencia a una comunidad política y el ejercicio de derechos fundamentales como el sufragio. Por ello, cualquier reforma sobre su adquisición debería responder a criterios objetivos, estables y de interés general.
La denominada «Ley de Nietos», incorporada a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, suscita importantes interrogantes desde esta perspectiva. Aunque su finalidad declarada es reparar las consecuencias del exilio, el régimen extraordinario de acceso a la nacionalidad ha adquirido una amplitud que, para numerosos juristas, excede ese objetivo inicial y permite una expansión significativa del cuerpo electoral español.
La cuestión no es menor. La nacionalidad española lleva aparejado el derecho de sufragio en las elecciones generales. Cualquier ampliación extraordinaria del número de nacionales tiene, por tanto, consecuencias institucionales que trascienden el ámbito de la memoria histórica.
Resulta legítimo preguntarse si una medida de este alcance debería haberse acompañado de un debate específico sobre sus efectos electorales y sobre el propio concepto constitucional de nacionalidad. Sin embargo, esa discusión apenas se produjo.
Aunque el reparto de escaños responde fundamentalmente a criterios territoriales y poblacionales, la incorporación de un elevado número de nuevos electores modifica la composición del censo y, con ello, la configuración del cuerpo electoral.
A ello se suma una cuestión de oportunidad política. La Ley de Memoria Democrática fue aprobada en un contexto de fuerte polarización y presentada como una medida de reparación histórica. No obstante, cabe preguntarse si la ampliación extraordinaria del acceso a la nacionalidad responde exclusivamente a ese propósito o si también genera efectos políticos favorables para quienes impulsaron la reforma. Plantear esta cuestión no implica negar la legitimidad de la reparación histórica, sino exigir que toda decisión con impacto sobre el censo electoral sea objeto del máximo debate público y transparencia.
La memoria histórica no puede convertirse en un argumento inmune a la crítica jurídica. Las leyes deben valorarse también por sus consecuencias institucionales y democráticas. Si una norma altera de forma significativa quién puede participar en las elecciones, esa decisión debería adoptarse con el mayor consenso posible y tras un debate amplio sobre su legitimidad.
La cuestión de fondo va más allá de esta ley. ¿Es razonable participar en la elección de un Parlamento cuyas decisiones apenas afectan a la vida cotidiana de quien vota? ¿Debe tener el mismo peso electoral quien reside permanentemente en España, está sometido a su ordenamiento jurídico, contribuye al sostenimiento de los servicios públicos y asume las consecuencias de las decisiones políticas que quien nunca ha vivido en el país o incluso nunca ha pisado territorio español?
La ciudadanía no es únicamente un título jurídico; también implica pertenencia, responsabilidades y una conexión real con el Estado. La democracia representativa se fundamenta en que quienes deciden el rumbo político de una nación sean, al mismo tiempo, quienes viven bajo sus leyes y soportan diariamente las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus gobernantes.
El derecho comparado demuestra que existen alternativas más sofisticadas. El Reino Unido distingue entre diversas categorías de nacionalidad —como British citizen, British Overseas Territories citizen o British Overseas citizen—, cada una con un estatuto jurídico y derechos diferentes. Este modelo evidencia que la pertenencia jurídica a un Estado no tiene por qué traducirse automáticamente en el mismo nivel de derechos políticos.
España, en cambio, mantiene un modelo prácticamente inalterado desde hace décadas. La llamada «Ley de Nietos» no ha abierto un debate sobre cómo debe configurarse la ciudadanía en el siglo XXI; simplemente ha ampliado de forma extraordinaria el acceso a la nacionalidad sin abordar plenamente sus consecuencias constitucionales, políticas y electorales.
España necesita una reforma integral de su sistema de nacionalidad y ciudadanía. Un modelo moderno, coherente y adaptado a la realidad actual, que distinga entre el legítimo reconocimiento de los vínculos históricos y familiares con nuestro país y el ejercicio de los derechos políticos propios de quienes mantienen una relación efectiva y permanente con la comunidad nacional. Porque la nacionalidad constituye uno de los pilares del Estado constitucional y no debería convertirse en un instrumento de oportunidad política ni modificarse sin un debate profundo sobre su legitimidad democrática.
Abogado.
@rv_marce