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El Supremo prohíbe cobrar más a los no empadronados en piscinas públicas, pero Alcobendas y Sanse siguen haciéndolo

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Pese a una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara ilegal cobrar más a los no empadronados por usar instalaciones deportivas municipales, varios ayuntamientos madrileños —entre ellos Alcobendas y San Sebastián de los Reyes— mantienen tarifas diferenciadas este verano.

La sentencia, dictada en 2023, considera que esta práctica vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución. Según el Supremo, no se puede establecer un precio distinto para un servicio público como una piscina en función del lugar de empadronamiento.

En Alcobendas, por ejemplo, el acceso a la piscina municipal cuesta 4,30 euros para empadronados y 6,50 euros para no empadronados. En San Sebastián de los Reyes, la diferencia es aún mayor: entre semana, el precio general es de 5 euros para residentes y 9 euros para no empadronados, y los fines de semana llega a 13,50 euros para quienes no están inscritos en el padrón.

La organización de consumidores FACUA ha exigido la retirada inmediata de estas tarifas. Aseguran que están dispuestos a llevar a los tribunales a aquellos consistorios que no respeten el fallo judicial. Además, animan a los usuarios a presentar reclamaciones formales si consideran que han pagado de más.

Un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de piscinas públicas atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados”, recoge la sentencia.

La decisión sienta jurisprudencia, lo que significa que todos los ayuntamientos están obligados a cumplirla. De lo contrario, se exponen a posibles recursos legales y sanciones.

Además de Alcobendas y Sanse, otros municipios como Leganés, Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Móstoles o Collado Villalba también han sido señalados por mantener tarifas diferenciadas.

FACUA recomienda a los afectados que conserven los tickets de entrada y soliciten hojas de reclamaciones. También pueden acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o al Defensor del Pueblo.