El Gobierno de Alcobendas recula y no instalará un Punto Limpio en El Juncal
El Gobierno de Alcobendas ha dado marcha atrás y asegura que el Punto Limpio no se construirá en El Juncal. La decisión contrasta con un decreto firmado en noviembre por el propio Ejecutivo, dotado con 115.000 euros, que activaba precisamente ese proyecto. Los vecinos llevaban semanas movilizados contra la instalación y ahora reclaman explicaciones sobre cómo se gestó una iniciativa que el Gobierno ya ha descartado públicamente.
Juan Ussía
El Ayuntamiento de Alcobendas ha reculado y no ejecutará finalmente el Punto Limpio proyectado en el barrio de El Juncal. La alcaldesa, Rocío García Alcántara, lo dijo en el pleno celebrado este 18 de diciembre: “Mientras yo gobierne no se hará un Punto Limpio en El Juncal”.
La decisión supone un giro significativo, porque el propio Gobierno local había firmado el pasado mes de noviembre un decreto con 115.000 euros de remanente para activar la instalación en esa ubicación. Un documento que confirma que el proyecto seguía su curso administrativo y que ahora genera dudas y desconcierto entre vecinos y oposición.
El proyecto comenzó a plantearse en mayo de 2023 para dar respuesta a la petición de la Comunidad de Madrid de que Alcobendas aumentara el número de puntos limpios hasta cumplir el ratio de uno por cada 30.000 habitantes. La ubicación elegida era una parcela de El Juncal, lo que encendió las alarmas entre los residentes.
Los vecinos, organizados desde hace semanas, habían mostrado su rechazo frontal al proyecto y reclamado al Ayuntamiento que buscara una alternativa lejos de las viviendas. Su movilización se adelantó a cualquier debate político y fue decisiva para poner el foco en la actuación.
Marejada provocada por una Moción de Vox
En el pleno del 18 de diciembre, a propuesta de VOX y con apoyo unánime, el Ayuntamiento acordó encargar un estudio para analizar otras ubicaciones y descartar de forma oficial El Juncal. Sin embargo, la contradicción sigue presente: el decreto de noviembre, firmado por el propio Gobierno del PP, financiaba exactamente lo que ahora rechaza.
El Ejecutivo municipal no ha detallado por qué se aprobó ese decreto ni en qué punto se encontraba el proyecto cuando decidió dar marcha atrás. Esa falta de explicaciones ha alimentado la sensación de opacidad entre los vecinos, que, si bien celebran el anuncio, exigen claridad sobre cómo se gestionó una actuación que quedó desactivada tras semanas de tensión.
Mientras tanto, el Ayuntamiento trabajará en una alternativa que cumpla la distancia mínima de 300 metros respecto a zonas residenciales y en mejoras de limpieza, control de tráfico y mantenimiento del entorno del Arroyo de la Vega, también aprobadas en el pleno.