El Circuito del Jarama, en la mira judicial: posible cierre por falta de licencia y ruidos
El Juzgado de Alcobendas admite a trámite la causa, que podría acarrear hasta cinco años de prisión para los responsables.
LMN
El Circuito del Jarama – RACE afronta un nuevo frente judicial tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid de Medio Ambiente por un presunto delito continuado contra el medio ambiente, previsto en el artículo 325 del Código Penal. El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Alcobendas ha admitido a trámite la causa, en la que los directivos investigados podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión e importantes multas económicas.
La investigación se abrió en octubre de 2023 tras un atestado de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de Tres Cantos, de la Guardia Civil de Madrid, a raíz de denuncias vecinales por los ruidos provocados por la actividad del circuito.
Los informes acústicos de la Guardia Civil concluyen que los centenares de carreras, entrenamientos y exhibiciones generan niveles sonoros muy superiores a los permitidos por la ley, prolongados desde primera hora de la mañana hasta la tarde, con un riesgo grave para la salud de los vecinos.
Décadas de quejas sin respuesta
En el sumario también figura abundante documentación que recoge numerosas quejas de los residentes desde hace décadas ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Policía Local, sin que se haya actuado para frenar la situación.
Este procedimiento penal se suma a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº11 de Madrid, dictada en julio de 2024, que declaró ilegal la actividad del Circuito del Jarama por carecer de licencia municipal de actividad y funcionamiento. En ese fallo, el propio Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes resultó condenado junto con el RACE.
Los vecinos apuntan al Ayuntamiento
Los residentes afectados acusan a la alcaldesa, Lucía Fernández, y a su equipo de gobierno de amparar la actividad irregular del circuito, escudándose en que la sentencia administrativa está recurrida. Además, no descartan emprender nuevas acciones penales contra las autoridades por posible prevaricación administrativa en delito ambiental, previsto en el artículo 329 del Código Penal.