Cuando la burocracia alimenta las llamas
España arde. Este agosto ha resultado devastador, mientras cientos de familias lo perdían todo, mientras cientos de bosques y terrenos se calcinaban, mientras cientos de voluntarios colaboraban con los brigadistas que se jugaban cada día su vida, el presidente de nuestra nación disfrutaba de sus alargadas vacaciones entre la playa privada y el paraíso fiscal. Lamentable.
Miles de hectáreas desaparecen bajo las llamas, pueblos enteros se ponen en peligro y nuestros montes —ese patrimonio natural del que podemos presumir— quedan reducidos a cenizas. Y mientras los bomberos luchan contra el fuego, otra amenaza se esconde en los despachos: unas leyes tan rígidas que, en lugar de proteger la naturaleza, la entregan al incendio con las manos atadas.
La lógica parece sencilla: un monte limpio arde menos. La acumulación de ramas secas, matorrales y residuos vegetales convierte cualquier chispa en una hoguera imparable. Sin embargo, la legislación española, encabezada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ha levantado un muro de restricciones que convierte una tarea de sentido común en un calvario burocrático.
La norma impone prohibiciones cuando hay hábitats o especies protegidas cerca. Eso significa que, en muchos casos, ni siquiera puedes desbrozar tu parcela sin riesgo de sanción si se considera que allí anida algún ave, o si la maleza forma parte de un ecosistema “de interés”. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, está prohibido eliminar cubiertas vegetales si sirven de refugio para fauna silvestre. En Cataluña, cortar leña requiere autorización previa. Y en zonas Red Natura 2000, casi cualquier intervención exige un plan de gestión y permisos interminables.
El resultado: bosques que nadie toca, porque nadie se atreve.
La consecuencia de esta rigidez legal es clara: abandono. Los pequeños propietarios se ven asfixiados entre papeleo, tasas y miedo a sanciones.
Y lo que no se hace, lo hace el fuego. Cada rama seca acumulada es gasolina esperando una chispa. Así, las leyes que pretendían salvar la biodiversidad la condenan a morir abrasada. ¿De qué sirve proteger un hábitat con tanto celo si, al final, un incendio arrasa con todo?
La propia justicia refleja este sinsentido, pues nuestro Tribunal Supremo ha condenado a propietarios por no limpiar sus terrenos, considerándolo imprudencia grave, al mismo tiempo, que el Tribunal Constitucional ha blindado la protección de especies y hábitats hasta el punto de convertir cualquier desbroce en una potencial infracción.
En otras palabras: si limpias, te pueden sancionar. Si no limpias, también te pueden sancionar.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿están estas leyes protegiendo la biodiversidad o, por el contrario, entregándola al fuego? La rigidez normativa ha creado un monstruo burocrático que prioriza el papel sobre la realidad. Y la realidad es que un bosque sin gestionar tarde o temprano arde.
No se trata de permitir talas indiscriminadas ni de arrasar hábitats valiosos. Se trata de entender que, sin prevención efectiva, no habrá biodiversidad que proteger porque todo será cenizas. Es decir, se trata de dejar de cuidar a la gente del campo su campo, como toda la vida.
España necesita leyes más ágiles, que diferencien entre explotación destructiva y gestión preventiva. Necesita que la administración deje de ser un obstáculo y se convierta en aliada. Porque cada verano que perdemos en papeleo, lo ganan las llamas en terreno.
La pregunta es: ¿seguiremos atando a los gestores y propietarios con cadenas legales mientras el fuego se libera?
Abogado
@rv_marce