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412 licencias de actividad pendientes en Alcobendas y algunos expedientes llevan desde 2019 sin resolverse

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El Ayuntamiento de Alcobendas arrastra un importante atasco administrativo en la tramitación de licencias de actividad. Según datos oficiales municipales actualizados a febrero de 2025, 412 expedientes siguen pendientes de resolución, algunos con más de seis años de antigüedad.

La distribución por antigüedad refleja la dimensión del problema:

– 2019: 2 expedientes
– 2020: 5 expedientes
– 2021: 19 expedientes
– 2022: 26 expedientes
– 2023: 106 expedientes
– 2024: 202 expedientes
– 2025: 52 expedientes

Más allá del número, el dato clave es que solo una de cada tres declaraciones responsables se está tramitando dentro del plazo legal de 90 días. En promedio, este tipo de procedimiento tarda 126 días, superando en más de un mes el límite normativo.

Uno de los afectados por esta situación ha compartido su testimonio con La Mirada Norte. Se trata de un pequeño empresario que lleva más de 24 meses esperando una resolución municipal para poner en marcha su actividad. “La respuesta siempre es la misma: falta de personal”, explica.

Mientras tanto, asegura estar pagando el alquiler de un local cerrado: “Es desesperante. Estoy pagando un espacio mes a mes, sin poder utilizarlo, sin poder generar ingresos. Estoy asumiendo un coste que me está llevando al límite”. Denuncia también la falta de información y de plazos claros, lo que aumenta la inseguridad jurídica.

Del total de 412 expedientes pendientes, la mayoría corresponden a:

– 252 declaraciones responsables de actividad
– 24 licencias de funcionamiento
– 23 licencias de instalación u obra sujetas a espectáculos públicos
– 13 licencias con evaluación ambiental

Según los datos municipales, las principales causas de retraso son:


– 222 expedientes están a la espera de informes técnicos
– 155 requieren subsanaciones por parte de los solicitantes
– 13 están pendientes de la firma del decreto final

Aunque la ordenanza municipal permite iniciar la actividad con una declaración responsable, esta debe ser posteriormente verificada por la administración. Ese control a posteriori es precisamente el que se encuentra colapsado, generando un volumen creciente de expedientes abiertos, incluso cuando el negocio ya ha iniciado su actividad.

Este atasco administrativo genera un triple perjuicio. Primero, retrasa la apertura de negocios, con la consiguiente pérdida de inversión y empleo. Segundo, fomenta la inseguridad jurídica, ya que muchas empresas inician su actividad sin una confirmación expresa de conformidad. Y tercero, merma la imagen de eficiencia del propio Ayuntamiento, especialmente en un entorno en el que la competitividad entre municipios para atraer proyectos empresariales es alta.

En algunos casos, como los que acumulan más de cinco años sin resolución, los retrasos podrían incluso estar afectando derechos adquiridos por los solicitantes o implicar una pérdida de viabilidad del proyecto inicial.

Desde el sector empresarial y profesional se insiste en la necesidad de reforzar los equipos técnicos, automatizar trámites y mejorar la coordinación interna. También se reclama la publicación de estadísticas mensuales que permitan evaluar el rendimiento administrativo y adoptar medidas correctoras con mayor agilidad.

El marco normativo ya está alineado con los principios de simplificación y eficiencia. El reto ahora está en su aplicación real, para que el modelo no termine siendo una trampa burocrática que castiga a quien quiere emprender en Alcobendas.