Proponen una multa de 100.000 euros por talar pinos en la parcela donde está el colegio Brewster La Moraleja
Alcobendas propone una sanción de 100.000 euros por talar pinos sin permiso en La Moraleja
LMN
El Ayuntamiento de Alcobendas ha incoado un expediente sancionador que propone una multa de 100.000 euros por la tala sin autorización de cuatro pinos silvestres en una parcela situada en el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la urbanización de La Moraleja, donde actualmente se encuentra el colegio Brewster.
La empresa expedientada es Construcciones Ganaderas Industriales Gamo, S.L.U., titular del suelo donde se ubica la parroquia de las Esclavas de La Moraleja, un enclave histórico del municipio que en la actualidad alberga también el citado centro educativo, que ocupa las instalaciones en régimen de alquiler.
Los hechos fueron detectados tras una inspección municipal realizada el 10 de noviembre de 2023, motivada por una denuncia por posibles afecciones al arbolado. Según el informe técnico de Medio Ambiente al que ha tenido acceso La Mirada Norte, los inspectores localizaron cuatro pinos silvestres apeados, con diámetros de entre 25 y 40 centímetros y una edad estimada de entre 10 y 50 años.
Los restos presentaban ramaje verde y fresco, lo que descartaba que se tratara de árboles secos o muertos.
La parcela tiene una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados y está vinculada a un proyecto de rehabilitación del inmueble existente. En la documentación presentada por la propiedad figura un Estudio de Impacto Ambiental que recoge distintas afecciones al arbolado, aunque los técnicos municipales concluyen que al menos dos de los pinos talados no estaban incluidos en dicho estudio y que no existía autorización específica para su eliminación.
Tras consultar los registros municipales, los servicios de Medio Ambiente comprobaron además que no constaba ninguna solicitud de tala autorizada para esos ejemplares.
El Ayuntamiento recuerda que un expediente sancionador anterior por estos hechos fue declarado caducado al superarse el plazo máximo de tramitación. No obstante, la infracción no había prescrito, por lo que se ha iniciado un nuevo procedimiento administrativo.
La propuesta de sanción fija una multa de 100.000 euros, aunque podría reducirse hasta 60.000 euros en caso de reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.