La Asamblea aprueba la primera Ley de Caza y Pesca de Madrid
La nueva normativa incorpora cotos mínimos, planes de control poblacional, licencias digitales y nuevas medidas de seguridad para modernizar el sector.
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, en el último Pleno antes del verano, la primera Ley de Caza y Pesca de la comunidad. Impulsada por el Gobierno regional, la norma busca actualizar la regulación de ambas actividades, mejorar la gestión de la fauna y reforzar la seguridad en el medio natural.
Entre las principales novedades destaca la creación de los Planes de Control Poblacional, destinados a ayudar a los ayuntamientos a gestionar especies sobreabundantes como jabalíes o conejos fuera de los periodos ordinarios de caza. Además, se fija por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza.
La nueva regulación apuesta también por la digitalización mediante licencias electrónicas y simplificación de trámites administrativos. En materia de seguridad, amplía de 100 a 150 metros la distancia mínima respecto a núcleos de población y actualiza el régimen sancionador, con multas que podrán alcanzar los 80.000 euros en los casos más graves.
Desde el Partido Popular, el diputado Juan Carlos Carretero celebró la aprobación de una ley que reconoce formalmente la caza como una actividad esencial para el desarrollo del entorno natural. Además, destacó que el texto se ha elaborado tras escuchar a asociaciones, clubes deportivos y organizaciones del sector, incorporando aportaciones recibidas durante el proceso de consulta.
La ley también recibió el respaldo de Vox, que valoró el consenso alcanzado y las medidas incluidas para el sector cinegético. No obstante, la formación criticó el exceso de requisitos burocráticos y defendió una regulación menos intervencionista.
Por el contrario, PSOE y Más Madrid rechazaron la iniciativa. Los socialistas consideran que la norma favorece principalmente los intereses de la caza privada y deja la pesca en un segundo plano, mientras que Más Madrid la calificó como una legislación alejada de criterios científicos y excesivamente centrada en la actividad cinegética.